Independientemente de si la pena de muerte nos parece mala, independientemente de que seamos capaces de exponer todos los argumentos que existen contra su instauración, hay que hacerse al final esta pregunta: si una sociedad con instituciones perfectamente democráticas y después de un debate público limpio, decide finalmente recoger la pena capital en sus leyes gracias al respaldo de una mayoría suficientemente ámplia -pongamos, por ejemplo, superior al 65%- ¿debemos reconocer la legitimidad de la pena de muerte en esa sociedad?

Obviamente, se trata, en última instancia de un problema de filosofía del derecho, sobre si pueden existir más derechos que los positivos o si también existen derechos naturales e independientes, por tanto, de cualquier legislación positiva.