A través de Antes de las cenizas, he llegado a una entrada de Pseudópodo sobre la invención en Cambridge, durante el siglo XVIII, de las calificaciones numéricas, tan atacadas frecuentemente por el bando pedagógico. Me cuento entre quienes las reivindica, no sin tener en cuenta las sabias palabras de Pseudópodo en un comentario:

el indicador sería la nota, pero para los alumnos eso se convierte en objetivo. Por tanto lo que quieren es aprobar el examen, no aprender la materia. Depende mucho del profesor que la intersección entre ambos campos de conocimiento sea lo mayor posible.

Ése creo que debería ser uno de los criterios básicos a la hora de diseñar exámenes, que sean realmente un indicador de conocimientos interiorizados. Con razón es tan difícil, y con razón suele haber siempre un no-sé-qué difícil de cuantificar.

Bueno, no se pierdan ni el post ni, muco menos, los valiosos comentarios al mismo.

Todo ello, por cierto, me ha recordado un artículo que Gabriel Tortella publicó en 2003, y del que saco el siguiente fragmento:

Si admitimos que el Estado debe intervenir en el campo educativo para suplir las imperfecciones del mercado, es decir, por razones de eficiencia económica, el corolario inmediato es que el Estado debe tratar la educación como una inversión, y guiarse por criterios de productividad. La disyuntiva “público o privado” se difumina entonces: lo importante no es si la institución subvencionada es pública o privada, sino si produce el debido rendimiento educativo. Ello nos lleva a una cuestión fundamental de la que, por desgracia, se habla poco: la inspección y la evaluación educativa.

[…] En la medida en que la educación sea pública, debe ser como una carrera de obstáculos, y cuantos más, mejor. La inspección de los centros subvencionados, tanto públicos como privados, debe ser mucho más rigurosa de lo que viene siendo hasta ahora, y el Estado debería encomendarla en parte a organismos independientes, no a burócratas. Aunque las decisiones últimas se tomen a nivel político, deberían estar basadas en informes de inspección rigurosos realizados por expertos independientes. Y estos informes deberían ser hechos públicos, porque la sociedad tiene derecho a conocer la calidad de los centros educativos que subvenciona.

Naturalmente, el criterio más importante para evaluar la seriedad y profesionalidad de un centro educativo es la calidad de sus estudiantes, y la única manera de conocer ésta es por medio de exámenes, compuestos de pruebas justas, racionales y frecuentes. Deben ser frecuentes por una razón evidente: cuanto mayor es el tamaño de una muestra, menor es el margen de error. No debe dejarse que el destino de un estudiante se juegue a una sola carta. Cuantos más “obstáculos” haya en la carrera, más justa será la evaluación. El contenido y naturaleza de esos exámenes, así como los objetivos perseguidos en los planes educativos, es lo que se debe discutir, no su existencia.

Y, para acabar, tampoco se pierdan las reflexiones de Gregorio Luri sobre el Informe Pisa.